*publicado por El Mercurio en Editorial el 3 de marzo de 2010.

Por razones obvias la ceremonia de inauguración del Año Judicial fue suspendida, pero el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, cumplió con el deber legal de dar cuenta del trabajo anual realizado por ese Poder del Estado. Su cuenta confirma la tendencia al incremento (casi 10 por ciento) de los asuntos sometidos a los tribunales, pero es interesante constatar una reducción de aquellos conocidos por las Cortes de Apelaciones (17 por ciento), lo que en gran parte se explica por la menor cantidad de recursos de su competencia que contemplan los sistemas procesales reformados. Probablemente esta situación, que trajo aparejada una disminución de casi 25 por ciento en los asuntos pendientes para este año, sea buena oportunidad para una reforma orgánica de dichas Cortes que permita, entre otros, prescindir de los abogados integrantes.

También es positiva la disminución del promedio de los plazos de conocimiento de los asuntos —196 días en las Cortes de Apelaciones y 264 en la Suprema—, si bien aún se está muy lejos de un punto óptimo que permita afirmar que la justicia en Chile es oportuna. Asimismo, destaca la modernización tecnológica: a la transparencia en la página web del Poder Judicial se han sumado un sistema informático de interconexión de los tribunales y un sistema de firma digital para las órdenes y contraórdenes de detención. Eso evitará los nudos de corrupción que se hicieron públicos y que comprometían a funcionarios medios de los tribunales que manejaban esas órdenes. Sería deseable que a esa transparencia informática se incorporen las agendas de los ministros de los tribunales superiores, para erradicar la práctica de los alegatos de pasillo y de la comparecencia de litigantes sin la presencia de sus contrapartes.

Sin embargo, las facultades económicas y administrativas ajenas a la función jurisdiccional de la Corte siguen siendo un foco complejo: 64 ceremonias públicas del pleno para tomar juramento a nuevos abogados, o el conocimiento de 290 medidas disciplinarias que afectaron a miembros del Poder Judicial seguramente inciden en que ese tribunal demore en promedio nueve meses en conocer los asuntos que le competen. Resulta, pues, alentadora la voluntad de descomprimir el trabajo del pleno, delegando muchos asuntos en el presidente o en los comités de ministros y fortaleciendo la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Eso debería permitir que la celeridad en la resolución de las causas no implique un desmejoramiento en la calidad de los fallos.

En fin, sin ofrecer una solución, sino llamando a los colegisladores y estudiosos a buscarla, dejó constancia de su preocupación por la falta de calidad que vislumbra la Corte en muchos abogados que alegan ante ella. Éste es un desafío pendiente, si bien parece improbable que la Corte Suprema pueda hacer algo al respecto.